lunes, 2 de julio de 2007

Periodismo con altura

Los acontecimientos que envuelven al fútbol boliviano, a la Conmebol y a la FIFA, deben llevarnos a una profunda reflexión.

Está demostrado que el Estado boliviano puede y debe intervenir en asuntos del fútbol cuando se trata de interés nacional y de respeto al bien común.

Las oportunas intervenciones del presidente Evo Morales en la cuestión del veto, fueron aplaudidas por todos e, inclusive, Leoz y Blatter recibieron al primer mandatario, aceptando que, en ciertos casos, la intervención de gobiernos en cosas del fútbol puede ser.

Los dirigentes nacionales, al ser de su interés, gritan, reclaman y protestan, cuando, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo quiere hacer cumplir las leyes con relación a los vínculos que los jugadores mantienen con los clubes, contratos de por medio.

Y la prensa deportiva tiene mayúscula culpa en ello, porque, en su mayoría, realiza un trabajo de servilismo, en lugar de cuestionar a los que no respetan la ley y hacen mal al fútbol.

Está claro que jamás el presidente Evo, o cualquier otro jefe de Estado, se inmiscuirían en asuntos que dicen directamente a la FIFA y sus 17 Reglas, y mucho menos en los de la International Board, entidad que establece las normas técnicas mundiales del fútbol.

Pero cuando se trata de intervenir para evitar injusticias provenientes del fútbol a la sociedad en su conjunto, cuando la FIFA, la Conmebol, o la Federación Boliviana de Fútbol, violan las leyes nacionales, internacionales o la lógica social, los gobiernos tienen todo el derecho de actuar.

Es obligación de la prensa deportiva colocarse al lado de los que hacen respetar el bien común, aún que eso signifique renunciar a los favores con que los dirigentes utilizan para manipular la información.

Pequeñas cosas en nuestra sociedad futbolera, como recibir el regalito de entradas para sortear en los programas de radio y TV; o grandes cosas, como aceptar pasajes, hospedaje y alimentación, en viajes al interior o exterior del país, se constituyen en burla a las normas que deben regir el trabajo periodístico ético.